MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El Alto Comisionado de la ONU de los Derechos Humanos ha identificado a más de 200 compañías que tienen intereses en los asentamientos erigidos por Israel en territorios ocupados y ha advertido de que la actividad empresarial "desempeña un papel central en el establecimiento, mantenimiento y expansión" de estos controvertidos enclaves.
La oficina que encabeza Zeid Raad al Hussein recibió en marzo de 2016 un mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para elaborar una base de datos de firmas implicadas en actividades específicas vinculadas a los asentamientos y, tras analizar un total de 307 casos, finalmente ha incluido en la lista a 206 empresas.
La mayoría de ellas tienen su sede oficial en Israel o en los asentamientos, en concreto 143; mientras que el segundo mayor grupo corresponde a Estados Unidos, país al que figuran adscritas 22 compañías. El resto están domiciliadas en otros 19 países, según un comunicado del Alto Comisionado, que no hará públicos los nombres hasta no contactar con las 206 empresas señaladas.
La ONU considera ilegales los asentamientos israelíes en territorios ocupados, pero por el momento el Estado hebreo no ha dado muestras de frenar su expansión. El futuro de estos enclaves será precisamente uno de los temas más espinosos de una hipotética negociación entre israelíes y palestinos para alcanzar una solución de paz basada en dos Estados.
El Alto Comisionado ha advertido en su informe de que "las violaciones de Derechos Humanos asociadas con los asentamientos son generalizadas y devastadoras y llegan a cada faceta de la vida palestina". En este sentido, ha vinculado estos enclaves con violaciones de la libertad de religión, de movimiento y de educación, así como "otros muchos derechos fundamentales" como los derechos a un nivel adecuado de vida, a la tierra y al agua o a una vida en familia.
La oficina de Al Hussein, que ha aludido al "consenso legal internacional" sobre este tema, ha instado a las empresas a tener en cuenta este contexto para replantearse su implicación en la zona y "analizar si es posible implicarse de una forma respetuosa con los Derechos Humanos".
AMENAZAS DE BOICOT
El informe, cuya publicación fue aplazada en febrero de 2017, ha sido objeto de intensos debates antes de que viese la luz, en la medida en que las compañías que estén incluidas en él pueden ser objeto de represalias. Los llamamientos al boicot han sido una de las herramientas utilizadas históricamente por las facciones pro palestinas para presionar a Israel con el tema de los asentamientos.
Las autoridades israelíes han acusado en reiteradas ocasiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de tener una visión sesgada del conflicto en Oriente Próximo e incluso de estar "obsesionado" con sus críticas contra Israel.
"Esperamos que nuestro trabajo en la consolidación y la comunicación de la información de la base de datos ayude a los países y a las empresas a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en el marco del Derecho Internacional", ha apuntado el Alto Comisionado en el comunicado.
Al Hussein ha exhortado a "todas las partes" a no "malinterpretar" el informe, en la medida en que "ha sido elaborado de buena fe y a partir de un mandato del Consejo de Derechos Humanos. Asimismo, ha celebrado que pese a la "falta de recursos" hayan podido realizar un "progreso significativo" sobre el tema.
CRÍTICAS DE ISRAEL
La embajadora israelí ante las oficinas de la ONU en Ginebra, Aviva Raz Shechter, ha asegurado en declaraciones a Reuters que aún están analizando el documento publicado este miércoles, pero ya ha avanzado que el concepto en sí mismo es "fundamentalmente ilegítimo".
"Está fuera de las competencias y la autoridad del Consejo de Derechos Humanos hacer 'listas negras", ha dicho, al señalar que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la organización para "intentar deslegitimar a Israel". Israel, ha añadido, se opone a que la ONU esté "a la cabeza" del movimiento conocido como BDS --boicot, desinversión, sanción--.
Además, se ha dirigido a las empresas para aclarar que "no están implicadas en ninguna actividad ilegal" por tener presencia en los asentamientos.
